Hasta hace unos años, hablar de concentración de medios era para la mayoría de los argentinos un campo inexplorado, del cual no había mucha información de carácter público. Hoy, como consecuencia de los conflictos entre el oficialismo y el Grupo Clarín por el campo y la Ley de Servicios Audiovisuales, el monstruo se ha desenmascarado para evidenciar el tratamiento y la construcción, no de una sino de muchas realidades, que caracteriza cada monopolio de acuerdo a los intereses que le toca defender.
Sería pecar de inocente creer que los medios comenzaron a concentrarse cuando estos dos temas salieron a la luz, porque es una cuestión que para ser entendida requiere del análisis de los cambios que se produjeron en los últimos quince años, fundamentalmente en la relación entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad, a partir de la aplicación de políticas de ajuste e inserción del país en el mercado capitalista mundial.
Luego de la crisis del Estado de Bienestar durante la presidencia de Raúl Alfonsín, su sucesor Carlos Saúl Menem aprobó las leyes de Reforma Estatal y de Emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones que permitieron que empresarios nacionales y extranjeros colonizaran espacios que estaban controlados hasta ese momento con fondos públicos, para dar lugar a que en la década del noventa, los holldings de las telecomunicaciones dieran como resultado el inicio de la concentración de medios.
“La privatización garantiza la pluralidad informativa y la libertad de expresión”, sostenía el discurso imperante de la época, que servía de soporte de los decretos presidenciales de necesidad y urgencia que modificaron la ley de Radiodifusión 22.285, sancionada en 1980 y heredada del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, que en esta ocasión extendía las “escasas” cuatro licencias otorgadas a cada empresario, a un número mucho mayor que rondaba las veinticuatro.
Así es que en 1994, el Grupo Clarín ya estaba conformado y el CEI-Telefónica se encontraba en vías de desarrollo. La conjunción de autopistas entre las telecomunicaciones con los medios de comunicación fueron el resultado de las fusiones empresariales que provocaron nuevos hábitos de consumo, en donde además de aparatos, el público compraba la ideología que los artefactos transportaban.
Hoy el escenario es mucho más claro, porque el público que consume determinados canales de televisión, lee un diario o escucha una radio sabe, o al menos ya no se le presenta en forma tan polarizada, que existen personas como Sergio Szpolsky, Daniel Hadad, Jorge Lanata y Héctor Magneto, que susurran junto a los intereses a los que sus monopolios responden, en el mismo momento en que se produce la información que cada periodista debe crear y amoldar a la realidad de su medio.
Lo que la nueva Ley de Servicios Audiovisuales plantea, es que exista un universo informativo más “limpio” y equitativo, en donde los consumidores de información tengan la posibilidad de saber, al mismo tiempo que compran, las reglas con las que se rige el medio elegido, y a su vez que el espectro de posibilidades de acceso para quienes no cuentan con la cantidad suficiente de recursos para sostener semejantes estructuras, cuente con el apoyo del Estado en cada región del país.
Este proyecto debería exceder cualquier conflicto de intereses. Si en Argentina no comienzan a aplicarse medidas restrictivas al abuso de poder, siempre habrá grupos más desfavorecidos, pero no en los términos que se consideran “normales”, sino en proporciones que mantendrán crónicamente vigente la concentración de beneficios en manos de unos pocos. Garantizar la puesta en práctica de políticas a largo plazo, como es el caso de esta nueva Ley, es una apuesta a la que todos los ciudadanos deberían contribuir, pero no rivalizando, si no aportando ideas, que es una tarea más que difícil para quienes no quieren resignar ni un centavo, ni tampoco el más mínimo rasgo de aquello que los ubica en una posición favorecida a la hora de competir: el poder.

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